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Incertidumbre en Brasil: escenarios posibles que enfrenta Temer

Recientemente, a raíz del video publicado por el diario O Globo en el que supuestamente Temer consentiría el pago de un soborno en el marco de la causa sobre corrupción Lava Jato, el Supremo Tribunal Federal de Brasil abrió una investigación sobre el caso que podría proseguir en un enjuiciamiento contra el actual presidente y su posterior apartamiento del cargo. Si bien la Constitución de Brasil prohíbe juzgar al presidente por acciones cometidas con carácter previo a su mandato, la acción que aquí se le imputa habría ocurrido durante el ejercicio de sus funciones, por lo que la remoción del presidente por parte del Poder Judicial constituye uno de los posibles desenlaces para el gobierno de Temer. No obstante lo anterior, se trata de un proceso que deberá atravesar etapas de acusación, defensa, prueba y debate por lo que resulta improbable un desenlace en el corto plazo.

Lo ocurrido profundiza enormemente la crisis política de ese país haciendo que algunos sectores reclamen la salida del presidente y la convocatoria a nuevas elecciones como única solución posible para la crisis social. La renuncia de Temer es, efectivamente, otra de las posibilidades de desenlace del actual gobierno. Sin embargo, en caso de verificarse, la Constitución brasileña no contempla la posibilidad de convocar a elecciones directas con anterioridad a la fecha prevista para la finalización de su mandato.

El mecanismo constitucional brasilero, previsto en caso de renuncia del presidente, es similar  al argentino en cuanto prevé que “el vicepresidente sustituirá al Presidente en caso de impedimento y le sucederá en caso de vacante”. En efecto, fue así como Temer, luego del impeachment llevado a cabo contra Dilma, accedió a la presidencia. Asimismo, la norma fundamental de Brasil establece que “de producirse la renuncia, y por ende la vacante del cargo de presidente y vicepresidente, deberá convocarse sucesivamente al Presidente de la Cámara de Diputados, Presidente del Senado Federal y Presidente del Tribunal Supremo Federal para ocupar temporariamente el cargo, quienes deberán celebrar una elección noventa días después de producida la última vacante”.

Sin embargo, la presidencia de Temer presenta dos particularidades que imposibilitan la sucesión previamente enunciada y la posterior elección directa de una nueva fórmula presidencial. Por un lado, el cargo de vicepresidente se encuentra actualmente vacante, (los cargos de presidente y vicepresidente se eligen mediante el voto directo de los ciudadanos por lo que la sucesión de cargos establecida en la Constitución no aplica mientras exista en el cargo alguno de los integrantes de la fórmula electa). Por el otro, producida la renuncia, la vacante del cargo tendría lugar dentro de los dos últimos años de mandato (Temer no desarrolla un mandato nuevo sino que completa el mandato de su predecesora Dilma) supuesto en el cual la Constitución de Brasil prescribe que “la elección para ambas funciones será hecha por el Congreso Nacional dentro de los treinta días posteriores a la última vacante”.

Por estos motivos, en caso de renunciar Temer, será el Congreso, convocado por el presidente de la Cámara de Diputados, quien deberá realizar una elección indirecta de un nuevo presidente.

Una tercera posibilidad consiste en la implementación de un procedimiento de destitución, o comúnmente conocido como Impeachment. A diferencia de Argentina, donde únicamente la Cámara de Diputados se encuentra legitimada para iniciar un proceso de juicio político, la Constitución brasilera prevé que cualquier ciudadano pueda presentar una petición de impeachment contra un presidente de la república, responsabilizándolo de un delito común o de un así llamado “delito de responsabilidad”. En efecto, actualmente se han presentado ante el Congreso más de trece solicitudes de apertura de juicio político contra Temer. Entre estas, destaca particularmente en anuncio realizado por La Orden de Abogados de Brasil (OAB), organización que representa a los letrados de ese país, que manifestó ver claros indicios de delito en las actuaciones del presidente por lo que presentará una petición de remoción ante el Congreso.

El procedimiento de destitución es un proceso compuesto por numerosas etapas. Para su inicio, depende exclusivamente de la solicitud del presidente de la Cámara de Diputados y al igual que el supuesto de elección indirecta, depende para su aprobación del voto de las dos terceras partes de los miembros de ambas cámaras del parlamento.

Un cuarto desenlace podría producirse como consecuencia del juicio -que tramita ante el Tribunal Superior Electoral- sobre financiamiento irregular de la campaña electoral de 2014, cuando Temer fue candidato a vicepresidente de Dilma Rousseff. En este procedimiento, la fiscalía electoral pidió condena de pérdida de mandato e inhabilitación electoral por supuestos abusos de poder económico referente a pagos ilegales de la campaña presidencial.

Como conclusión, se observa que salvo en el caso que Temer renuncie, los posibles escenarios de finalización anticipada de su mandato son procesos complejos, con múltiples etapas, en los que el conjunto de reglas constitucionales los convierte en procesos relativamente largos.

Por otro lado, si bien el término anticipado del actual gobierno podría provenir, además de su renuncia, de la decisión del Poder Legislativo o del Poder Judicial, en cualquiera de los supuestos, será el Congreso, a través de una elección indirecta, quien deberá elegir un reemplazo hasta la finalización del mandato. La causa sobre corrupción Lava Jato ha señalado a tantos miembros del poder legislativo en casos de corrupción que no solo los inhabilita para ejercer su función constitucional de control sobre el poder ejecutivo, sino que resulta muy difícil la generación del consenso mínimo necesario para nombrar nuevo presidente. Este escenario hace poco probable que Temer salga pronto del cargo y, si sucede, que se identifique su reemplazo.

Por último, resulta interesante el proyecto de ley, impulsado por la Oficina Anti Corrupción argentina, que busca establecer un régimen penal para personas jurídicas por delitos cometidos contra la administración pública y en supuestos de cohecho transnacional ya que es el marco pretendido por la actual Administración nacional para obtener información relativa al pago de sobornos por parte de la empresa Odebrecht, en Argentina. La eventual aplicación de esa norma abre un escenario en el que los casos de corrupción ocurridos en Brasil podrían impactar directamente en Argentina, por lo que es relevante seguir su tramitación muy de cerca.

 

Abogado (Universidad Austral)- Especializado en Abogacía estatal, local y federal

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